El sistema penitenciario actual de los Estados Unidos es un leviat¨¢n sin parang¨®n en la historia de la humanidad. Nunca antes un pa¨ªs supuestamente libre ha negado la libertad b¨¢sica a tantos de sus ciudadanos. En diciembre de 2006 hab¨ªa aproximadamente 2,25 millones de presos en los casi 5.000 centros penitenciarios y c¨¢rceles que salpican los paisajes urbanos y rurales del pa¨ªs. Seg¨²n un informe de 2005 del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de Londres, los Estados Unidos-- que constituyen la veinteava parte de la poblaci¨®n mundial --albergan a la cuarta parte de los presos del mundo. La tasa de encarcelamiento de los Estados Unidos (que ahora asciende a 714 presos por cada 100.000 habitantes) es superior en casi un 40% a la de los tres pa¨ªses que le siguen (las Bahamas, Belar¨²s y la Federaci¨®n de Rusia). Otras democracias industriales, algunas con considerables problemas de delincuencia, son mucho menos punitivas: la tasa de encarcelamiento de los Estados Unidos es 6,2 veces superior a la del Canad¨¢; 7,8 veces superior a la de Francia; y 12,3 veces superior a la del Jap¨®n. Los Estados Unidos gastan aproximadamente 200.000 millones de d¨®lares anuales en las fuerzas del orden y la administraci¨®n penitenciaria a todos los niveles de gobierno. En d¨®lares constantes, esta cifra se ha cuadruplicado a lo largo del ¨²ltimo cuarto de siglo.
Un tercio de los reclusos de las c¨¢rceles estatales son delincuentes violentos, condenados por homicidio, violaci¨®n o robo; pero los otros dos tercios son fundamentalmente personas que han cometido delitos contra la propiedad y relacionados con las drogas. Existe una desproporci¨®n en el estrato social de los presos, que provienen de los sectores m¨¢s desfavorecidos de la sociedad. Los reclusos de las prisiones estatales tienen, como promedio, menos de 11 a?os de estudios y, de manera totalmente desproporcionada, son de tez morena y cobriza.
Hay quienes arguyen que este enorme incremento en las encarcelaciones refleja el ¨¦xito de una pol¨ªtica p¨²blica racional: ante un acuciante problema social, los estadounidenses respondieron con encarcelaciones y lograron reducir las tasas de delincuencia. En efecto, las tasas de delincuencia se han reducido de manera espectacular desde que alcanzaron su m¨¢ximo a principios del decenio de 1990, y el aumento de las encarcelaciones parece haber contribuido en parte a ello. ?Pero en qu¨¦ medida? Las estimaciones de la parte de la reducci¨®n de los delitos violentos observada en los a?os noventa que puede atribuirse al auge de las encarcelaciones var¨ªan entre el 5% y el 25% (esto es, como mucho, la cuarta parte de la disminuci¨®n reciente de la delincuencia puede explicarse por el aumento de las encarcelaciones). Sea cual sea la cifra concreta, hoy en d¨ªa los analistas de todas las tendencias pol¨ªticas est¨¢n de acuerdo en que hace tiempo que hemos entrado en la etapa de rendimientos decrecientes.
Las tasas de encarcelamiento han seguido aumentando, mientras que las tasas de delincuencia se han reducido, por la sencilla raz¨®n de que la justicia penal de los Estados Unidos se ha vuelto mucho m¨¢s punitiva. La naci¨®n ha tomado la decisi¨®n colectiva de castigar a los delincuentes con mayor severidad. As¨ª, entre 1980 y 2001, la probabilidad de que alguien fuera detenido a ra¨ªz de una denuncia penal permaneci¨® constante, apenas por debajo del 50%. Sin embargo, en ese mismo per¨ªodo de tiempo, la probabilidad de que una detenci¨®n terminara en prisi¨®n aument¨® en m¨¢s del doble, pasando del 13% al 28%. Como consecuencia, la tasa de encarcelamiento por delitos violentos pr¨¢cticamente se triplic¨®, a pesar de una marcada reducci¨®n en los niveles de violencia. Las tasas de encarcelamiento por delitos no violentos y delitos relacionados con drogas aumentaron a¨²n m¨¢s: entre 1980 y 1997, el n¨²mero de personas encarceladas por delitos no violentos se triplic¨®, y el n¨²mero de presos por delitos relacionados con drogas se multiplic¨® por once.
Ciertamente, en los Estados Unidos, al igual que en cualquier otra sociedad, el orden p¨²blico se mantiene por medio de la amenaza y el uso de la fuerza. Vivimos bien en parte gracias a que estamos protegidos por las fuerzas de la ley y el orden, que mantienen a raya a los transgresores. Sin embargo, en esta sociedad-- casi como en ninguna otra --quienes m¨¢s sienten el peso de la ley pertenecen en cantidades muy desproporcionadas a grupos raciales hist¨®ricamente marginados. En los Estados Unidos, crimen y castigo son de color. La disparidad racial en las tasas de encarcelamiento es mayor que en cualquier otra de las grandes esferas de la vida social del pa¨ªs: con un valor de ocho a uno, la proporci¨®n de negros a blancos en las tasas de encarcelamiento hace parecer peque?a la proporci¨®n de dos a uno en las tasas de desempleo, la de tres a uno en el n¨²mero de nacimientos fuera del matrimonio, la de dos a uno en las tasas de mortalidad infantil, y la de uno a cinco en los patrimonios netos. En 2000, 3 de cada 200 j¨®venes blancos estaban encarcelados, mientras que entre los j¨®venes negros la proporci¨®n era 1 de cada 9. Es m¨¢s probable que un hombre negro residente en el estado de California acabe en una prisi¨®n estatal que en una universidad p¨²blica.
La escandalosa verdad es que, en los Estados Unidos, la polic¨ªa y el aparato penal son hoy en d¨ªa el principal punto de contacto entre los hombres de raza negra y el Estado. En un d¨ªa cualquiera de 2000, la tercera parte de los hombres negros de entre 20 y 40 a?os que no hab¨ªan completado la ense?anza secundaria estaba entre rejas, menos del 3% pertenec¨ªa a un sindicato, y menos de la cuarta parte estaba inscrito en alg¨²n tipo de programa social. Para estos j¨®venes, "coacci¨®n" es el significado m¨¢s evidente de la palabra "gobierno". El soci¨®logo Bruce Western estima que casi el 60% de los desertores escolares varones de raza negra nacidos entre 1965 y 1969 fueron condenados al menos una vez a prisi¨®n por delitos graves antes de cumplir los 35 a?os.
Este giro punitivo de la pol¨ªtica social de la naci¨®n-- ¨ªntimamente ligado a la ret¨®rica p¨²blica sobre responsabilidad, dependencia, higiene social y reimposici¨®n del orden p¨²blico --s¨®lo se puede captar plenamente si se observa sobre el trasfondo de la historia racial de los Estados Unidos, con frecuencia violenta y llena de horrores. La resonancia hist¨®rica entre el estigma de la raza y el estigma de la prisi¨®n sirve para mantener vivos en la cultura estadounidense los significados sociales de subordinaci¨®n que siempre se han asociado a ser negro. Las sutiles, y no tan sutiles, consecuencias de la historia de las relaciones raciales en los Estados Unidos ayudan a explicar la excepcionalidad de este pa¨ªs con respecto a las dem¨¢s sociedades industriales democr¨¢ticas en lo referente a la severidad y el alcance de su pol¨ªtica punitiva y a la escasez de instituciones de bienestar social. La raza fue un factor central que influy¨® en la evoluci¨®n de la pol¨ªtica social del pa¨ªs en el ¨²ltimo tercio del siglo XX.
En una disertaci¨®n que acaba de terminar, la polit¨®loga Vesla Mae Weaver examina la historia de las pol¨ªticas, la opini¨®n p¨²blica y los procesos medi¨¢ticos en un intento por comprender la funci¨®n que desempe?a la raza en esta transformaci¨®n hist¨®rica de la justicia penal. Weaver argumenta-- de manera convincente, creo yo --que el giro punitivo fue una respuesta pol¨ªtica al ¨¦xito del movimiento en pro de los derechos civiles. La polit¨®loga describe un proceso de "contragolpe" en el cual los enemigos de la revoluci¨®n de los derechos civiles pretendieron sacar ventaja suscitando otra cuesti¨®n. En vez de reaccionar directamente a los cambios en la esfera de los derechos civiles y, de este modo, seguir peleando una batalla que ya hab¨ªan perdido, desviaron la atenci¨®n del p¨²blico de la reivindicaci¨®n pol¨ªtica de la igualdad entre las razas hacia una preocupaci¨®n por la delincuencia aparentemente neutral desde el punto de vista racial. Veamos c¨®mo:
Una vez aflojada la tenaza de la segregaci¨®n racial, los enemigos de los avances en materia de derechos civiles cambiaron el "punto de ataque" introduciendo el problema de la delincuencia en el debate. Mediante el proceso de contragolpe, calificaron de delito la discordia racial y afirmaron que la legislaci¨®n de lucha contra la delincuencia ser¨ªa la panacea que acabar¨ªa con los disturbios raciales. Esta estrategia ti?¨® de color la delincuencia y despolitiz¨® el conflicto racial, una f¨®rmula que cerr¨® el paso a otros enfoques anteriores basados en "causas profundas". Amalgamando la preocupaci¨®n por la delincuencia y la preocupaci¨®n por los cambios y las revueltas raciales, los disturbios raciales y los relacionados con la lucha por los derechos civiles-- que inicialmente se hab¨ªan definido como un problema de privaci¨®n del derecho al voto a las minor¨ªas --se calificaron como un problema de delincuencia, lo cual contribuy¨® a desviar el debate de la reforma social para centrarlo en el castigo.
Consideremos pues al casi 60% de varones de raza negra nacidos a finales del decenio de 1960, que abandonaron la escuela antes de terminar la ense?anza secundaria y fueron encarcelados antes de cumplir los 40 a?os. En el tiempo que pasan encerrados, estos delincuentes quedan estigmatizados; se trastocan sus v¨ªnculos con la familia; se reducen sus oportunidades de empleo; y es posible que su derecho al voto quede revocado de manera permanente. Sufren la excomuni¨®n c¨ªvica. El fervor de los Estados Unidos por la disciplina social relega a estos hombres a una casta inferior de por vida. Y sin embargo, dado que estos hombres-- con independencia de sus deficiencias --tienen necesidades emocionales, entre ellas la necesidad de ser padres, amantes y maridos, estamos creando una situaci¨®n en que es muy probable que los hijos de esta "infracasta" se sumen a una nueva generaci¨®n de intocables. Este c¨ªrculo no se romper¨¢ mientras la encarcelaci¨®n se considere la v¨ªa principal hacia la higiene social.
La excepcional multiplicaci¨®n de las c¨¢rceles ocurrida en los Estados Unidos a lo largo de los ¨²ltimos 35 a?os no se puede considerar sin calcular los enormes costes que supone para los presos, sus familias y sus comunidades. Se trata de una cuesti¨®n de moralidad-- no de higiene --social. La ciencia social tampoco puede indicarnos qu¨¦ proporci¨®n de los costes adicionales que soporta la clase delincuente est¨¢ justificada para lograr un aumento dado de la seguridad material o la tranquilidad para el resto de nosotros. Estas preguntas sobre la naturaleza del Estado en los Estados Unidos y sobre la relaci¨®n entre el Estado y su pueblo trascienden las categor¨ªas de costes y beneficios.
Sin embargo, el debate en torno a la pol¨ªtica punitiva pasa invariablemente por alto la humanidad de los ladrones, los vendedores de drogas, las prostitutas, los violadores y s¨ª, de aquellos que mueren ejecutados por el Estado. No concede importancia suficiente al bienestar y a la humanidad de quienes est¨¢n vinculados a los delincuentes por redes de filiaci¨®n social o psicol¨®gica. Es m¨¢s, en los Estados Unidos, los mecanismos institucionales para ocuparse de los delincuentes han evolucionado para servir a fines tanto expresivos como instrumentales. Quer¨ªamos "enviar un mensaje" y lo hemos hecho con creces. Y en este proceso, no s¨®lo hemos creado hechos, tambi¨¦n hemos construido una narrativa nacional para la asignaci¨®n de culpas. Hemos creado chivos expiatorios y apaciguado nuestros miedos. Nos hemos enfrentado al enemigo, y el enemigo son ellos, los otros.
La encarcelaci¨®n los mantiene alejados de nosotros. El soci¨®logo David Garland escribe que, en la actualidad, la c¨¢rcel se utiliza como una suerte de reserva, una zona de cuarentena en que se segrega a las personas presuntamente peligrosas en nombre de la seguridad p¨²blica. Esta situaci¨®n es extremadamente problem¨¢tica desde el punto de vista moral. Los estadounidenses hemos optado por invertir en el castigo, pero no en el desarrollo humano. Nuestra sociedad crea condiciones que propician la delincuencia en nuestros restos guetos urbanos, y luego celebra rituales de castigo, como una horrible suerte de sacrificio humano. Por v¨ªa de nuestros representantes elegidos, los estadounidenses de clase media que respetamos las leyes hemos tomado decisiones sobre pol¨ªtica social que nos benefician, creadas sobre la base de un sistema de sufrimiento, enraizado en la violencia de Estado.
Esta situaci¨®n plantea un problema moral que los estadounidenses no podemos eludir. No podemos pretender que hay problemas m¨¢s importantes en nuestra sociedad, salvo que tambi¨¦n estemos dispuestos a admitir que hemos vuelto la espalda al ideal de igualdad para todos los ciudadanos y que hemos abandonado los principios de justicia. Deber¨ªamos estar haci¨¦ndonos la pregunta fundamental: ?qu¨¦ obligaciones tenemos para con nuestros conciudadanos, incluso para con aquellos que infringen nuestras leyes?
Para ayudarnos a reflexionar sobre las dimensiones morales de la situaci¨®n actual, quisiera sugerir un experimento mental: imaginemos, siguiendo el esp¨ªritu del fil¨®sofo pol¨ªtico John Rawls, que cualquiera de nosotros pudiera ocupar cualquier puesto en la jerarqu¨ªa social. Ser¨¦ m¨¢s concreto: imagine que usted podr¨ªa haber nacido en los Estados Unidos siendo un var¨®n de raza negra, un paria que deambula entre la c¨¢rcel y el mundo laboral, de camino hacia una muerte prematura, mientras lo tildan a coro de negro sucio, de delincuente o de idiota. ?Qu¨¦ normas sociales escoger¨ªamos si pens¨¢ramos que ¨¦sos podr¨ªamos ser nosotros? Si cualquiera de nosotros tuviera una posibilidad real de ser uno de esos rostros que miran desde el fondo del pozo, de ser el m¨¢s m¨ªnimo de la sociedad, ?c¨®mo hablar¨ªamos p¨²blicamente de quienes incumplen nuestras leyes? ?Qu¨¦ har¨ªamos con los menores descarriados, que deambulan por las calles con armas de fuego y en ocasiones cometen actos violentos? ?Qu¨¦ importancia conceder¨ªamos a los diversos elementos en el c¨¢lculo de la disuasi¨®n, el castigo, la incapacitaci¨®n y la rehabilitaci¨®n si pens¨¢ramos que ese c¨¢lculo podr¨ªa terminar aplic¨¢ndose a nuestros hijos, o incluso a nosotros mismos? ?C¨®mo distribuir¨ªamos la culpa y asignar¨ªamos la responsabilidad de las patolog¨ªas culturales y sociales que se observan en algunos sectores de nuestra sociedad si pens¨¢ramos que bien podr¨ªamos nosotros haber nacido en esos m¨¢rgenes sociales donde florece la patolog¨ªa? Supongo que seguir¨ªamos optando por un conjunto de instituciones punitivas para contener la mala conducta y proteger a la sociedad. Pero, ?no optar¨ªamos acaso por disposiciones que respetaran la humanidad de cada persona, as¨ª como de quienes est¨¢n unidos a ellos por lazos de filiaci¨®n social o psicol¨®gica?
Adem¨¢s, continuando con el experimento mental, ?acaso no reconocer¨ªamos tambi¨¦n un cierto tipo de responsabilidad social, incluso en el caso de actos contrarios a la ley cometidos voluntariamente? No pretendo con esto afirmar que las personas cometen delitos porque no les queda otro remedio, ni que las "causas profundas" del delito sean sociales; el individuo siempre tiene opciones entre las cuales puede elegir. Lo que quiero decir es que la sociedad en general participa en las decisiones que toma una persona porque ha consentido-- y tal vez incluso apoyado activamente, por medio de nuestros impuestos, y de nuestros votos, palabras y acciones --los mecanismos sociales que funcionan en beneficio nuestro, pero en detrimento de esa persona. Estos mecanismos discriminatorios conforman su conciencia y su sentido de identidad de tal manera que las decisiones que toma, que podemos condenar, a ¨¦l le resultan l¨®gicas: una respuesta perfectamente comprensible ante las circunstancias. Las estructuras sociales cerradas y delimitadas-- como los guetos urbanos marcados por la homogeneidad racial --crean contextos en que surgen formas culturales "patol¨®gicas" y "disfuncionales"; pero estas formas no son ni intr¨ªnsecas a las personas atrapadas en estas estructuras ni independientes del comportamiento de quienes se hallan fuera de ellas.
Cuando responsabilizamos a alguien de su conducta-- estableciendo leyes, invirtiendo en su aplicaci¨®n, y relegando a algunos individuos a las c¨¢rceles --tambi¨¦n tenemos que pensar si hemos hecho lo que nos corresponde para garantizar que todos tengamos unas oportunidades aceptables para lograr una buena vida. Debemos preguntarnos si, como sociedad, hemos cumplido nuestra responsabilidad colectiva de garantizar condiciones justas para todos, para cada vida que podr¨ªa resultar ser la nuestra. ?Y qui¨¦n de nosotros puede decir con sinceridad que tenemos leyes y pol¨ªticas que aprobar¨ªamos si no conoci¨¦ramos nuestra situaci¨®n y consider¨¢ramos de verdad la posibilidad de que podr¨ªamos ser los menos favorecidos?
En los Estados Unidos, demasiados son incapaces de comprender que, por la escasez de instituciones de asistencia social en nuestro pa¨ªs, tenemos, como sociedad, la responsabilidad colectiva de haber creado las condiciones que generan los actos individuales contrarios a la ley. Como consecuencia, la enorme disparidad racial existente en la imposici¨®n de la exclusi¨®n social, la excomuni¨®n c¨ªvica y la deshonra de por vida parece haberse vuelto leg¨ªtima. Ponemos toda la responsabilidad sobre los hombros de los otros, simplemente negando de forma irresponsable-- de hecho, de forma inmoral --la nuestra. Y sin embargo, toda esta din¨¢mica hunde sus ra¨ªces en actos injustos del pasado cometidos por motivos raciales.
La creaci¨®n de una casta inferior definida en t¨¦rminos raciales mediante la aplicaci¨®n en apariencia neutral de la ley deber¨ªa resultar profundamente ofensiva para nuestra sensibilidad ¨¦tica, para los principios que con orgullo proclamamos como nuestros, de una naci¨®n concebida en libertad y dedicada a la proposici¨®n de que todas las personas han sido creadas iguales. En la actualidad, la encarcelaci¨®n masiva se ha convertido en el principal veh¨ªculo para la reproducci¨®n de la jerarqu¨ªa racial en la sociedad estadounidense. Los encargados de la formulaci¨®n de las pol¨ªticas de nuestro pa¨ªs deben hacer algo al respecto. Y todos los estadounidenses tenemos, en ¨²ltima instancia, la responsabilidad de asegurarnos de que lo hagan.
Adaptado de "Why Are So Many Americans in Prison? Race and the Transformation of Criminal Justice", Boston Review, julio/agosto de 2007.
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