{"id":5499,"date":"2015-04-13T13:56:10","date_gmt":"2015-04-13T17:56:10","guid":{"rendered":"http:\/\/wwwdev.un.org\/ruleoflaw\/?page_id=5499"},"modified":"2019-02-19T17:03:47","modified_gmt":"2019-02-19T22:03:47","slug":"rule-of-law-and-peace-and-security","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.un.org\/ruleoflaw\/es\/rule-of-law-and-peace-and-security\/","title":{"rendered":"Estado de Derecho y la Paz y la Seguridad"},"content":{"rendered":"

\"Polic\u00edasEl Art\u00edculo 1 de la Carta de las Naciones Unidas<\/a> afirma que uno de los prop\u00f3sitos de las Naciones Unidas consiste en \u00ablograr por medios pac\u00edficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz\u00bb. El estado de derecho asegura que el derecho internacional y los principios de la justicia se aplican por igual a todos los Estados y se cumplen en condiciones de igualdad. El respeto del estado de derecho genera un ambiente propicio para el logro de los prop\u00f3sitos de la Carta.<\/p>\n

La Carta ofrece la base normativa para las relaciones de amistad entre los Estados. Junto con los dem\u00e1s instrumentos del derecho internacional, la Carta sirve de estructura para las relaciones internacionales. Crea reciprocidad entre los Estados, que son soberanos e iguales entre s\u00ed, otorga previsibilidad y legitimidad a las acciones de estos dentro de un sistema multilateral convenido y proporciona un medio para resolver las controversias que surjan. En materia de paz y seguridad revisten particular importancia los principios de la integridad territorial, la no utilizaci\u00f3n de la amenaza o la fuerza en maneras que no sean acordes con la Carta, y el compromiso de cumplir las obligaciones jur\u00eddicas internacionales.<\/p>\n

El Art\u00edculo 33 de la Carta es fundamental para la prevenci\u00f3n de los conflictos y el arreglo pac\u00edfico de controversias<\/a>. Las partes en una controversia internacional tienen acceso a diversas medidas y mecanismos para la soluci\u00f3n de las controversias, entre ellas la negociaci\u00f3n, la investigaci\u00f3n, la mediaci\u00f3n, la conciliaci\u00f3n, el arbitraje, el arreglo judicial<\/a> y el recurso a organismos o acuerdos regionales.<\/p>\n

Un estado de derecho fuerte, que protege los derechos humanos<\/a>, contribuye a prevenir y mitigar los delitos violentos y los conflictos, proporcionando procesos leg\u00edtimos para la resoluci\u00f3n de las reclamaciones y desincentivos para el delito y la violencia. Por el contrario, un crecimiento econ\u00f3mico d\u00e9bil y la desigualdad <\/a> pueden ser un factor desencadenante del delito y la violencia. En este contexto, resulta pertinente el principio de responsabilidad de proteger<\/a>, adoptado por la Asamblea General en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005<\/a> \"Documento. En \u00e9l se resalta la importancia de apoyar al estado de derecho en el plano nacional y a las instituciones de derechos humanos para asegurarse de que los gobiernos dispongan de todos los instrumentos necesarios para cumplir sus obligaciones de proteger a sus poblaciones del genocidio, los cr\u00edmenes de lesa humanidad, los cr\u00edmenes de guerra y la depuraci\u00f3n \u00e9tnica, y se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye esa labor.<\/p>\n

En situaciones de conflicto armado, la protecci\u00f3n de los civiles constituye un asunto prioritario para las Naciones Unidas. Toda actividad relativa a la protecci\u00f3n, ya sea f\u00edsica, pol\u00edtica o mediante el establecimiento de un entorno protector, debe basarse en el estado de derecho y tiene por objetivo hacer que las leyes aplicables adquieran relevancia pr\u00e1ctica en circunstancias dif\u00edciles. El marco de pol\u00edticas aplicable y las obligaciones de los Estados Miembros al respecto son fundamentales en toda la labor de protecci\u00f3n. Para proteger mejor a los civiles, los Estados Miembros deben adherirse a los tratados internacionales<\/a>, pertinentes, incorporar sus disposiciones a su legislaci\u00f3n nacional y establecer instituciones y controles internos que funcionen bien. Igual importancia revisten la educaci\u00f3n y la informaci\u00f3n relativas a las normas obligatorias y a las pr\u00e1cticas prohibidas, as\u00ed como el cumplimiento de las leyes penales en los casos de infracciones graves.<\/p>\n

A fin de velar por la seguridad inmediata y afianzar la estabilidad necesaria para la consolidaci\u00f3n de la paz, es fundamental establecer instituciones del estado de derecho. La existencia de instituciones de justicia y correccionales fuertes, junto con organismos de polic\u00eda y de orden p\u00fablico<\/a>,que rindan cuentas y respeten plenamente los derechos humanos es de la m\u00e1xima importancia para restablecer la paz y la seguridad en el per\u00edodo inmediatamente posterior a los conflictos. Esto permite que los autores de delitos sean llevados ante la justicia, favorece la soluci\u00f3n pac\u00edfica de las controversias y restablece la confianza y la cohesi\u00f3n social basada en la igualdad de derechos. El establecimiento de esas condiciones es igualmente importante para la paz y la seguridad, as\u00ed como para el desarrollo sostenible. A este respecto, las Naciones Unidas reconocen la necesidad de emplear un enfoque amplio, prestando apoyo a toda la cadena de la justicia penal. En el marco de un enfoque amplio para mejorar el estado de derecho y los derechos humanos, resulta fundamental apoyar una labor de reforma del sector de seguridad<\/a> con un protagonismo nacional.<\/p>\n

Algunos de los mayores desaf\u00edos para la paz y la seguridad consisten en delitos que, si bien son cometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los pa\u00edses y afectan a regiones enteras, y en definitiva, a la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de un problema en constante evoluci\u00f3n respecto al estado de derecho y la protecci\u00f3n de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes v\u00ednculos existentes con la paz y la seguridad.<\/p>\n

El terrorismo<\/a> genera violencia e inestabilidad, puede limitar la libertad de circulaci\u00f3n, el acceso al empleo y las oportunidades educativas, degrada la calidad de vida y amenaza los derechos b\u00e1sicos de las personas, incluido el derecho a la vida y a la seguridad. El terrorismo representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad y puede obstaculizar el desarrollo econ\u00f3mico y social. En el marco de las Naciones Unidas relativo a actividades espec\u00edficas en materia de terrorismo, se han elaborado 18 instrumentos universales (14 convenciones y 4 protocolos) contra el terrorismo internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El Relator Especial sobre la promoci\u00f3n y la protecci\u00f3n de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo<\/a> \"Disponible destaca que las medidas de lucha contra el terrorismo que respetan los derechos humanos contribuyen a prevenir el reclutamiento de personas para cometer actos de terrorismo y que en demasiados casos los abusos de los derechos humanos han contribuido a los agravios que hacen que se opte por el mal camino y se recurra al terrorismo (v\u00e9ase A\/HRC\/20\/14<\/a> \"Documento p\u00e1rr. 32). Por su parte, en distintas zonas la delincuencia organizada transnacional<\/a> amenaza la paz y la seguridad y obstaculiza el desarrollo econ\u00f3mico y social de las sociedades de diversas partes del mundo. La Asamblea General y la Conferencia de las Partes en la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la complementan<\/a> \"Disponible han recalcado las repercusiones negativas de la delincuencia organizada transnacional sobre los derechos humanos y el estado de derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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