Los mecanismos oficiosos son una parte importante de la administración de justicia en zonas rurales y urbanas de todo el mundo. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros reconocieron que los mecanismos oficiosos de justicia, cuando son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, tienen un papel positivo en la solución de controversias, y que todas las personas, en particular las mujeres y las personas que pertenecen a grupos vulnerables, deben disfrutar de un acceso pleno y equitativo a esos mecanismos de justicia (párr. 15). Los sistemas oficiosos a menudo también se denominan sistemas de justicia “tradicionales”, “indígenas”, “consuetudinarios” o “no estatales”. Se estima que en muchos países en desarrollo aproximadamente el 80% de los casos se resuelven por conducto de esos mecanismos. Los sistemas oficiosos de justicia suelen abordar una amplia gama de cuestiones que son motivo de considerable preocupación para la población, en particular la seguridad personal y la delincuencia local; la protección de las tierras, las propiedades y el ganado; la solución de controversias sobre la familia y la comunidad; y la protección de derechos tales como el acceso a los servicios públicos.
Un estudio conjunto de las Naciones Unidas (, y ) sobre los sistemas oficiosos de justicia analiza las características de esos mecanismos en todas las regiones del mundo, sus vínculos con el sistema oficial y sus consecuencias para los derechos humanos, con miras a determinar las oportunidades y las dificultades de programación.
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